Los recientes acontecimientos que han golpeado a la población fueguina vuelven a recordarnos una realidad inaceptable: Tierra del Fuego sigue siendo una provincia olvidada por el Estado de Chile, sin importar quién esté en el poder. Esta isla — 3 veces más grande que Chiloé y 137 veces más grande que Rapa Nui— ha sido históricamente un territorio de esfuerzo, sacrificio y orgullo para sus habitantes.
Pero resulta inhumano y frustrante que, en pleno siglo XXI, el Estado solo reaccione frente al dolor. Dolor de madres y padres que no pueden ver nacer a sus hijos en su propia tierra. Dolor de familias que no logran acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos. Dolor de esperar, de depender siempre de otros, de cruzar el Estrecho para acceder a lo básico.
Pocos lo saben, pero las mujeres embarazadas de Tierra del Fuego están obligadas a trasladarse al continente e instalarse en Punta Arenas semanas antes del parto. Lo hacen, en muchos casos, sin red de apoyo y enfrentando la espera completamente solas, ya que en Chile tampoco existen permisos laborales que permitan a sus parejas acompañarlas durante este proceso.
Cada accidente en las rutas de la provincia requiere trasladar equipos desde la capital regional, porque no hay personal especializado disponible en la isla. No existe presencia de la Policía de Investigaciones, ni servicios básicos como una farmacia 24 horas o una oficina de Fonasa. Y ante una emergencia médica, no hay una aeronave fija en Porvenir que permita una aerovacuación rápida y segura.
En Tierra del Fuego, da lo mismo si eres estanciero, pescador, operario o recién llegado. Todos viajan en el mismo ferry, se atienden en el mismo hospital y mandan a sus hijos a los mismos colegios. Aquí, la desigualdad no se disfraza: se vive en carne propia.
Y si alguien debe trasladarse por fuerza mayor a Punta Arenas, se enfrenta a altos costos de arriendo, transporte y alimentación, y pasar una situación complicada en completa soledad. E incluso, si una familia de cuatro personas quiere viajar ida y vuelta al continente debe pagar un valor cercano a los $200.000. ¿Hasta cuándo se sigue normalizando este nivel de abandono?
No solo se está aislando a la isla por el Estrecho de Magallanes. También se la aísla con la indiferencia, con la falta de voluntad política para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan este rincón del país.
En este contexto, ¿se puede siquiera hablar de incorporar nuevas industrias para la diversificación de la matriz productiva en la zona? ¿Cómo hacerlo sin una infraestructura adecuada en educación, sin un hospital con especialistas, sin mejoras viales en sus rutas, y sin una política real de precios diferenciados para residentes como ocurre, por ejemplo, en Puerto Williams?
En Tierra del Fuego, nadie pide privilegios. Solo se exige igualdad de condiciones para vivir con dignidad. Eso no es un favor: es un derecho.
¿Qué más tiene que pasar en la isla para que ocurra un cambio real? ¿Cuántas tragedias más? ¿Cuántas vidas deben perderse antes de que nuestros representantes políticos actúen con decisión y compromiso?
Basta de mesas de trabajo que no llegan a ninguna parte. Basta de comités, de diagnósticos y de promesas vacías. Lo que falta no es información: lo que falta es voluntad.
Tierra del Fuego es una isla hermosa, tranquila, distinta a cualquier otro lugar del país. Aquí, personas trabajadoras hacen patria todos los días, enfrentando un clima duro y condiciones extremas. Y les gusta vivir aquí. Es parte de su identidad. Pero eso no significa que deban conformarse con menos. El Estado tiene el deber de garantizar servicios básicos como salud, transporte, educación y trabajo. Nada más, pero tampoco nada menos.